Caradura

Treinta y cinco mujeres de El Calafate pelean por salir de la precariedad laboral y pasar a planta permanente, acompañadas sindicalmente por ATE, piden para ellas, el mismo tratamiento que tuvieron todos los empleados públicos de Santa Cruz, que revistiendo la condición de contratados o en programas de emergencia ocupacional, abandonaron definitivamente esa condición, a partir de una decisión política del entonces gobernador Sergio Acevedo.

Decisión política que Néstor Méndez se resiste a tomar, manteniendo como rehén de un contrato precario, no solo a las mujeres sino a las familias que viven de ese ingreso y que en pleno siglo XXI aparece como el ultimo de los vestigios que quedan en Santa Cruz de una modalidad de contratación que se implementó en la Argentina de los noventa, en principio como una forma de contención social, derivando luego en el clientelismos político de los aprovechadores de siempre, que no conformes con coaccionar a la gente para que los vote a cambio de la firma de un contrato, impusieron en algunos casos hasta relaciones seudo delictivas.

Hoy, a un año de las elecciones, se proponen conservar para si algunas prerrogativas para garantizarse el control de la gente y no dudan a realizar cualquier tipo de aprietes hacia estas personas, a las que la necesidad de contar con un trabajo, las vuelve más vulnerable y convierte naturalmente a los funcionarios municipales que tienen este tipo de actitud en poco dignos de llamarse peronistas o de estar ocupando lugares de representación publica en nombre del justicialismo.

Por otra parte, antes de salir a desconocer la representatividad de ATE, Méndez debería recordar –si es que alguna vez la leyó- que la constitución provincial reconoce en su articulo 61 “el derecho a la libre constitución y actuación de las asociaciones profesionales, el derecho de los trabajadores a afiliarse o no a un sindicato y a fundar una o varias organizaciones sindicales” y debería saber que el hecho de ser un funcionario público no lo exime de la responsabilidad de cumplir con leyes como la de procedimiento laboral, por lo que frente a la negativa de concurrir a las audiencias a las que lo citó la subsecretaría de trabajo, deberían mandarlo a traer con la fuerza publica.

Debería saber también Méndez, que con mandar a su cuñado coordinador a responder públicamente no alcanza, que de todo lo que dijo por los medios locales, lo único que quedó claro es que, para el municipio el problema es del Consejo Provincial de Educación, que parece no tener capacidad para contratar sus propios porteros y por eso recurre al Intendente Municipal, que les hace el favor a 35 mujeres de darles trabajo, de proveerles indumentaria adecuada y de pagarles unos pesos a cambio de que mantengan limpias las escuelas.

Cualquier parecido con los esquemas de explotación que primaban en el siglo XIX es pura imaginación, de los desagradecidos que no entienden el esfuerzo que implica para Néstor Méndez recibir plata de la provincia y trasladársela a estas mujeres, sin que haya margen para ningún negocito, como pasa con los fondos que vienen para mantenimiento de los establecimiento educativos y que mediante compras directas, concursos privados y cuanto engendro administrativo puedan pergeñar, terminan engordando bolsillos de sobreprecios, mientras nuestras escuelas siguen funcionando a medias.

No sabemos si ATE lo va a denunciar penalmente, no sabemos si la Subsecretaría de Trabajo lo va a mandar a traer con la fuerza publica, lo que si sabemos es que hay que ser muy caradura para sostener un discurso político aseverando que son de la misma línea del Prescíndete, cuando le niegan a personas de nuestra comunidad, un derecho humano básico, como es el de la estabilidad laboral.