El gobierno local debe actuar de defensor de oficio de los ciudadanos, tanto en su condición de personas sometidas a otras jurisdicciones como de usuarios y consumidores.
Esta protección por parte de los gobiernos locales deberá compensar la tendencia a la gestión indirecta o a la privatización de servicios y la consiguiente reducción de la función pública.
Por otra parte la complejidad del consumo social aumenta la dependencia de los ciudadanos respecto a las empresas de servicios y de distribución comercial que muchas veces actúan en mercados oligopólicos.
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