Los gobiernos locales y regionales deben recoger las demandas sociales para innovar en cuanto a sistemas electorales, mecanismos de participación, instrumentos de planeamiento y de gestión, etc.
No es funcional ni justo que, fuere cual fuere el tamaño de la población y la capacidad de su gobierno local, todos ellos tengan las mismas formas de organización y competencias.
Es preciso un marco político-legal flexible que permita a los gobiernos locales o a los ciudadanos proponer (o imponer en algunos casos por la vía del referéndum o de la consulta popular) nuevas formas de elección, nuevos mecanismos de participación, nuevas competencias o nuevos instrumentos de gestión o de planificación.
En algunos casos se ha hecho con notable éxito el planeamiento estratégico y el presupuesto participativo, la descentralización, la justicia municipal, etc. Las relaciones entre Administración y actores públicos y privados deben incorporar cada vez más formas contractuales y no únicamente jerárquicas o compartimentadas.
Dulce companía
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