Sobre el debate actual en torno de la democracia y la participación

El actual debate sobre la democracia incluye ciertas cuestiones muy vinculadas al tema que estamos abordando; entre ellas:

• El debate sobre la representación mediante elecciones y sobre el monopolio o no de los partidos políticos como mediadores de la participación política.
• El debate sobre los procesos de toma de decisiones: la votación (agregación serial de decisiones individuales), la negociación (entre actores políticos formales y no formales que resuelven en función del mercadeo y la relación de fuerzas) y la deliberación (confrontación en foros públicos mediante argumentaciones racionales).
• Los debates sobre el valor de la democracia directa o autogestionaria, como alternativa o complemento de la democracia representativa, y sobre la democracia delegativa, en la cual la sociedad civil cede la decisión a representantes legitimados por su autoridad (técnica, económica, social).
• El debate sobre el rol de los organismos parapúblicos que regulan y gestión materias normativas de interés general (juntas electorales, consejos del sector audiovisual, organismos que atienden problemáticas de sectores específicos de población -inmigrantes, minorías étnicas, etc.-, cámaras de comercio y colegios profesionales, juntas de defensa de los consumidores y usuarios, consejos fiscales, etc.). Estos órganos ejercen un poder político (legislativo, ejecutivo o judicial) y, a menudo, tienen una composición mixta, con participación de la sociedad civil.
• El debate sobre la privatización de servicios y funciones de naturaleza pública y vocación universal, y sobre las formas que garanticen la participación de los ciudadanos en la orientación de las políticas y el control de su gestión.
• El debate sobre los síndicos o defensores del ciudadano y sobre los mediadores y jueces de conciliación y arbitraje.
• El debate sobre la participación real y la participación virtual.

Estos debates son vigentes y no ofrecen conclusiones simples. Conviene tenerlos presentes para relativizar cualquier posición fundamentalista en un sentido u otro. La arrogancia de los representantes electos, cuando se atribuyen el monopolio de expresión de los intereses generales, es tan patética como la de cualquier colectivo o entidad que se considere propietario de la verdad sobre una materia o un territorio objeto de la acción pública.

El concepto de participación ciudadana contiene muchos elementos ambiguos. No es fácil responder a preguntas elementales como:

• ¿Quién tiene que participar? ¿Los vecinos de un barrio son los únicos interlocutores? ¿Quién los representa? ¿Pueden hacer llegar su voz los ancianos, los niños y las minorías marginales? ¿Pueden opinar otros ciudadanos que van al barrio a trabajar, a comprar, a divertirse o los que pasan por él o querrían vivir en él?
• ¿Cuándo se tiene que participar? Es ridículo limitarse a lo que a menudo dicen las leyes sobre los períodos de información publica y de alegato respecto a planes y proyectos de urbanismo. Seguramente hay que entender la participación en el proceso de elaboración de los programas, planes y proyectos y también al hacer el seguimiento de la ejecución y la gestión. En cambio, es muy discutible que se recurra a la participación (entendida como vinculadora) en el momento formal de la decisión, tanto por razones de eficacia como de legitimidad.
• ¿En qué hay que participar? ¿Hay materias que parecen más participativas que otras? Las más habituales son las relacionadas con las políticas públicas sociales, culturales, educativas, de ocio y recreo. También las vinculadas con urbanismo y vivienda, aunque a menudo se concibe la participación restringida a los más directamente interesados o afectados. Algunas materias más novedosas exigen establecer formas de participación que garanticen la eficacia de la acción pública en la protección de la calidad medioambiental, la prevención en materia de seguridad ciudadana, el control del funcionamiento de servicios de naturaleza pública privatizados o concertados, etc. Hay otras cuestiones respecto a las cuales se ha considerado tradicionalmente que la participación no es posible o es inadecuada, tal el caso de la elaboración de los presupuestos; sin embargo, la reciente experiencia de los presupuestos participativos lo ha desmentido. En principio, no parece aceptable excluir a priori de la participación a ciertas materias, aunque haga falta establecer diferentes formas participativas según se trate de aplicarlas a procesos normativos, de gestión de servicios o de control de funciones ejercidas por un agente público o privado, o de elaboración o ejecución de proyectos o programas.
• ¿Cómo se participa? La participación supone poseer información previa, suficientemente completa y comprensible para formar una opinión y capacidad de comunicación para hacer llegar esa opinión al destinatario público correspondiente. La participación también requiere espacios públicos de deliberación para que se confronten las opiniones y puedan generarse opiniones colectivas y movimientos sociales. La participación será efectiva si puede desembocar en una negociación con los interlocutores públicos encargados de decidir; para lo cual, los colectivos participantes habrán tenido que elaborar posiciones claras sobre la materia y designar representantes que tengan un margen mínimo para negociar. Asimismo, hacen falta estructuras tan estables como ad hoc para que la participación sea posible y algunas normas básicas para que ésta no dependa sólo de la voluntad de los gobernantes.
• ¿Por qué se participa? Porque hay intereses y valores a defender, porque todos tienen que poder expresarse, incluso los más particulares, insolidarios y excluyentes (es la mejor manera de superarlos). Porque las sociedades urbanas -hoy toda la sociedad es más o menos urbana- son heterogéneas y las políticas públicas tienen que adaptarse a demandas muy diferenciadas. Porque el conflicto puede ser positivo, la cooperación social es necesaria y los poderes públicos requieren interlocutores. Pero, por sobre todo, porque mediante la participación es posible que se expresen los colectivos más débiles o vulnerables, los menos escuchados, y es una responsabilidad de los gobiernos locales darles la palabra.