Para una nueva oferta pública participativa

Conviene partir de constatar que la adecuación entre ofertas públicas y demandas sociales no es automática y que las primeras no pueden limitarse a la continuidad de los programas y servicios de siempre ni dejarse en manos de las inercias administrativas y presupuestarias.

Estamos ante una realidad contradictoria y compleja en la que, por un lado, se revaloriza el territorio, la proximidad y las identidades de base local; mientras que, por otro lado, existen diversidad de tiempos y de espacios, heterogeneidad y fragmentación de las demandas, multiplicidad de identidades y comportamientos individualizados. Frente a ello, la respuesta pública no es sencilla; menos aún cuando las instituciones políticas y los servicios administrativos no están diseñados para responder a esta nueva realidad.

Nos aventuramos a sugerir algunas líneas de acción vinculadas con el contenido específico de este trabajo:

• Priorizar siempre la información, la comunicación y el diálogo para elaborar los programas de actividades, regular su gestión y evaluar sus resultados.
• Definir objetivos y dar sentido a lo que se propone y se hace; asumir los valores que orientan los programas; garantizar su valor informativo y formativo (educativo, en el sentido de enseñar a pensar, a hacer, a participar).
• No temer a los conflictos y hacerlos emerger; dar medios para que se expresen las demandas más diversas y los colectivos más vulnerables, débiles o marginales; no reducir la participación a los sectores más organizados.
• Rehacer progresivamente los programas de actuación municipal, la estructura de presupuestos, la organización de los servicios y las formas de gestión en función de la evaluación social participativa.
• Utilizar los nuevos medios de comunicación sin mitificarlos y sin prescindir de los procesos deliberativos que reclaman momentos fuertes de debate público real y no sólo virtual.