La participación ciudadana es un derecho instrumental vinculado con las demandas, necesidades, aspiraciones o lo que los ciudadanos -colectiva o individualmente- consideren que son sus derechos y las políticas públicas.
Las demandas ciudadanas estarán más legitimadas y tendrán más fuerza si se basan en derechos legales, reales o programáticos o si están consideradas como tales en el ámbito institucional o en la opinión pública (derechos morales). Tal es el caso de los derechos al espacio público, al lugar (o mantener la residencia en el barrio o zona donde se vive), a la movilidad y accesibilidad, a la centralidad, al acceso a las tics; o los derechos específicos de la gente mayor, de los niños o de las personas con alguna discapacidad para usar la ciudad, o el derecho a la calidad medioambiental, entre otros.
En los últimos 25 años, la cultura cívica ha legitimado como derechos, por lo menos morales, un nuevo conjunto de derechos que pueden llamarse de tercera generación respecto a los derechos civiles y políticos (primera generación) y sociales y económicos (segunda generación). Sobre todo -pero no exclusivamente- se trata de derechos urbanos que para imponerse requieren de la participación ciudadana; ya que -en general- no están plenamente garantizados por la legalidad, o lo están sólo como derechos programáticos, o sea sin garantía legal que permita reclamarlos jurídicamente
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