Es la consecuencia lógica de todo lo expuesto hasta aquí. Los gobiernos locales no pueden actuar según una interpretación literal, rígida y subordinada de leyes y reglamentos de rango superior. En los últimos 20 años, se realizaron experiencias innovadores que -a veces- estuvieron al límite de la legalidad. Entre ellas, radios y TV locales, cableado, consultas populares, regulación de usos de actividades económicas, viveros de empresas y créditos de capital-riesgo, oposición a grandes proyectos estatales de infraestructura, formas de justicia local, promoción exterior, etc.
Es un camino a continuar y a desarrollar. En cuanto a la participación ciudadana, nos limitaremos a señalar algunos campos en los que la innovación es especialmente importante, aunque -a menudo- encuentre dificultades legales y políticas:
- El sistema electoral.
- La organización política y administrativa municipal.
- La creación y gestión de medios de comunicación locales, el cableado y -en general- todo lo referente a las tics y a su acceso público.
- La igualdad político-jurídica de todos los residentes en el municipio (especialmente, en relación a los inmigrantes no comunitarios con o sin residencia legal).
- El uso de instrumentos de democracia directa, como el referéndum y la consulta popular.
- La gestión cívica de los equipamientos y los servicios.
- El planeamiento del territorio y la ejecución del urbanismo.
- La definición, garantía y exigencia de derechos de los ciudadanos.
- El desarrollo del asociacionismo y de las redes ciudadanas.
- La seguridad ciudadana, la regulación de la convivencia y la justicia local.
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