Desde la constitución de los Estados modernos, los poderes locales han sufrido un proceso contradictorio. Por un lado, los gobiernos de los Estados han ido invadiendo sus territorios por vías legales, administrativas y financieras; limitando sus competencias (hoy es difícil considerar que tengan competencias exclusivas en alguna materia) y asumiendo nuevas funciones (por ejemplo, en infraestructuras de transportes y comunicaciones, en seguridad ciudadana o en desarrollo económico) que los cambios sociales, económicos y tecnológicos hicieron necesarias.
Por otro lado, los gobiernos locales, por su proximidad, han sido más sensibles a estos cambios y a menudo han demostrado mayor iniciativa y eficacia para dar respuestas. Pero, sobre todo, evidenciaron más capacidad para actuar con flexibilidad y para innovar a la hora de crear instrumentos y mecanismos que respondan a los retos actuales.
Es que, además de la proximidad, el campo político del nivel local goza de otras ventajas comparativas como lo son la integración de políticas públicas, su adecuación a demandas heterogéneas, la cooperación y el control social, su adaptación flexible al cambio, etc. También hay que añadir otros factores que justifican la revalorización del nivel local: su estimación socio-económica y la demanda cultural de identidad.
Actualmente, el concepto de economía nacional (estatal) ha perdido mucho significado en tanto las políticas macroeconómicas empezaron a ser determinadas por ámbitos y organismos supraestatales (Organización Mundial del Comercio, Unión Europea, etc.) y las microeconómicas, por empresas que gozan de una gran libertad de movimiento y por heterogéneos comportamientos sociales.
Por otra parte, las condiciones de productividad dependen cada vez más del territorio local y regional, de sus equipamientos e infraestructuras, de su accesibilidad, de su imagen de marca y de su marketing, de su tejido industrial y educativo, de su oferta cultural, de la calidad de vida, del funcionamiento de los servicios públicos, de la agilidad de los trámites administrativos y de la calificación de sus recursos humanos. Es lo que se denomina la competitividad de ciudades y regiones, actualmente mucho más significativa que la de los territorios nacionales.
Paralelamente al proceso de globalización, se manifiestan dinámicas identitarias en ámbitos locales (de ciudad o pueblo, también de barrio, de comarca o de región)1 que responden, por un lado, a la necesidad psico-social de tener referentes culturales específicos en un mundo globalizado y homogeneizador, y referentes físicos, sociales y simbólicos que den visibilidad al territorio y al colectivo humano, que estimulen la integración en su seno.
Por otro lado, dan respuesta a la dialéctica que se genera entre las instituciones locales y la sociedad civil. Los gestores públicos promueven la identidad local mediante políticas descentralizadoras y participativas, creando espacios públicos y equipamientos colectivos, organizando fiestas populares y actividades culturales, monumentalizando los barrios, los centros y los pueblos. Por su parte, los colectivos sociales encuentran en la identidad local un elemento de cohesión y de reivindicación; pero también de integración ciudadana y de autoestima.
Por otro lado, los gobiernos locales, por su proximidad, han sido más sensibles a estos cambios y a menudo han demostrado mayor iniciativa y eficacia para dar respuestas. Pero, sobre todo, evidenciaron más capacidad para actuar con flexibilidad y para innovar a la hora de crear instrumentos y mecanismos que respondan a los retos actuales.
Es que, además de la proximidad, el campo político del nivel local goza de otras ventajas comparativas como lo son la integración de políticas públicas, su adecuación a demandas heterogéneas, la cooperación y el control social, su adaptación flexible al cambio, etc. También hay que añadir otros factores que justifican la revalorización del nivel local: su estimación socio-económica y la demanda cultural de identidad.
Actualmente, el concepto de economía nacional (estatal) ha perdido mucho significado en tanto las políticas macroeconómicas empezaron a ser determinadas por ámbitos y organismos supraestatales (Organización Mundial del Comercio, Unión Europea, etc.) y las microeconómicas, por empresas que gozan de una gran libertad de movimiento y por heterogéneos comportamientos sociales.
Por otra parte, las condiciones de productividad dependen cada vez más del territorio local y regional, de sus equipamientos e infraestructuras, de su accesibilidad, de su imagen de marca y de su marketing, de su tejido industrial y educativo, de su oferta cultural, de la calidad de vida, del funcionamiento de los servicios públicos, de la agilidad de los trámites administrativos y de la calificación de sus recursos humanos. Es lo que se denomina la competitividad de ciudades y regiones, actualmente mucho más significativa que la de los territorios nacionales.
Paralelamente al proceso de globalización, se manifiestan dinámicas identitarias en ámbitos locales (de ciudad o pueblo, también de barrio, de comarca o de región)1 que responden, por un lado, a la necesidad psico-social de tener referentes culturales específicos en un mundo globalizado y homogeneizador, y referentes físicos, sociales y simbólicos que den visibilidad al territorio y al colectivo humano, que estimulen la integración en su seno.
Por otro lado, dan respuesta a la dialéctica que se genera entre las instituciones locales y la sociedad civil. Los gestores públicos promueven la identidad local mediante políticas descentralizadoras y participativas, creando espacios públicos y equipamientos colectivos, organizando fiestas populares y actividades culturales, monumentalizando los barrios, los centros y los pueblos. Por su parte, los colectivos sociales encuentran en la identidad local un elemento de cohesión y de reivindicación; pero también de integración ciudadana y de autoestima.
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